Se cumple una década del trascendental divorcio entre el Reino Unido y la UE, una controvertida decisión que apoyó solo un 52% de la población y que ha tenido consecuencias económicas de gran calado, también en el sector de la automoción.
TEXTO: JOSÉ MANUEL ANDRÉS
El 23 de junio de 2016, los ciudadanos del Reino Unido acudieron a las urnas para confirmar un histórico y controvertido divorcio con la Unión Europea (UE). Aquella jornada electoral activó, con un respaldo muy justo del 51,9% de los sufragios, la retirada del país como Estado miembro, mediante la activación del artículo 50 del Tratado de la UE, y generó una evidente grieta entre sus territorios, pues el respaldo de Inglaterra (53,4%) y Gales (52,5%) al proyecto contrastó con un rechazo mayoritario por parte de Escocia, principalmente (62%), e Irlanda del Norte (55,8%). Nada que ver con el referéndum de permanencia en la UE de 1975, cuando el 67,23% de los votantes dieron su respaldo al marco comunitario.
También aumentó la división entre diferentes partidos y espectros políticos, con posiciones encontradas e incluso enconadas en algunos casos, dado lo bronco de muchos debates y el fanatismo de determinados discursos. Así, las posiciones respecto a aquel referéndum de 2016 variaron desde el euroescéptico UKIP de Nigel Farage, furibundo defensor del Brexit, hasta las posiciones más europeístas de los Liberal Demócratas, el Partido Laborista, con matices, y los nacionalistas escoceses del SNP, pasando por la división de opiniones en el entonces gobernante Partido Conservador, que enfrentó los postulados del primer ministro David Cameron, más cercano a la UE, con las ideas totalmente opuestas del que era alcalde de Londres, Boris Johnson.
Ha pasado una década desde aquella chispa, a la que siguió un tortuoso proceso, enmarcado en el contexto de la inestabilidad política general del Reino Unido desde entonces. Siguiendo el ajustado mandato de las urnas, el Gobierno británico invocó en marzo de 2017 el citado artículo 50 del Tratado de la UE, activando el plazo de dos años que debía concluir con la salida efectiva del país del marco comunitario el 29 de marzo de 2019. Sin embargo, esta previsión inicial resultó ser excesivamente optimista.
Hasta en tres ocasiones se pospuso la fecha inicialmente fijada. Primero, y fruto de la complejidad y los muchos desacuerdos de las negociaciones, además de las disputas parlamentarias internas, se pospuso la salida definitiva de la UE hasta el 12 de abril de 2019, para posteriormente prolongar el plazo hasta el 31 de octubre de 2019 y finalmente, fijarlo el 31 de enero de 2020.
Una vez superada esa fecha, y aprobado definitivamente el Acuerdo de Retirada a las 00:00 horas del 1 de febrero, el Reino Unido abandonó automáticamente la Unión Europea. No obstante, y con el propósito de aliviar el aluvión de enredos administrativos que posteriormente se han confirmado, se estableció un periodo transitorio hasta el 31 de diciembre de 2020, que permitió hasta ese momento la integración del país en el mercado europeo, sin que sus ciudadanos y empresas notasen todavía los efectos económicos del Brexit.
Esa prórroga, que coincidió con la pandemia de la covid-19 y sus graves consecuencias para la economía mundial, sirvió también para abordar las arduas negociaciones entre los gobiernos de Londres y Bruselas para rediseñar sus relaciones políticas y económicas. Así se fraguó el Acuerdo de cooperación y comercio entre la Unión Europea y el Reino Unido, que se aplicó provisionalmente a partir del 1 de enero de 2021 y entró en vigor formalmente el 1 de mayo de 2021, para establecer un nuevo marco bilateral.
Mordisco al PIB y al empleo
Hoy, diez años después de aquella ajustada votación y el tumultuoso proceso que abrió, se puede decir que las consecuencias económicas han sido sensibles para la Unión Europa y sus Estados miembros, pero aún más acusadas en el caso del Reino Unido. Sus ciudadanos votaron a favor del Brexit bajo promesas de un mayor control, más prosperidad y una economía libre, pero lo cierto es que actualmente el déficit británico se sitúa en el entorno del 5% del PIB, con una deuda cada vez más cara y una economía que lleva años padeciendo achaques, provocando también una gran inestabilidad política y una sucesión de gobiernos ineficaces y breves.
En mitad de una rebelión interna en el Partido Laborista contra el primer ministro Keir Starmer, que amenaza incluso con conducir al mandatario hacia una dimisión, las empresas británicas invierten alrededor de un 15% menos, exportar a Europa resulta mucho más caro y la productividad se estanca, situándose en un 3% menos, cifra similar a la del empleo, muy afectado también por la restricción en la libre circulación de personas. De hecho, según estudios económicos recientes el Brexit ha reducido el PIB del Reino Unido entre un 6 y un 8% y ha pegado un mordisco del 18% a la inversión extranjera, debido a la imposición de barreras y trabas administrativas que merman el volumen de exportaciones e importaciones de bienes.
Con estas alarmantes consecuencias macroeconómicas, la automoción no es una excepción. El Brexit también ha afectado profundamente al sector al romper las cadenas de suministro integradas propias de estos tiempos. Aunque el acuerdo comercial entre Londres y Bruselas trató de sortear los aranceles generales, los certificados de origen, los controles fronterizos y las trabas burocráticas influyen negativamente en el precio final del automóvil europeo en el mercado británico, provocando un sobrecoste estimado de casi 3.000 libras por vehículo.