Por obra y gracia de la regulación europea deberán ser «fácilmente extraíbles y reemplazables por el usuario final» a partir del 18 de febrero de 2027.
TEXTO: ARANTXA HERRANZ
Hubo un tiempo en que cambiar la batería de un móvil era tan sencillo como abrir la tapa trasera, retirar la pila usada y colocar una nueva. Pero esa opción desapareció casi por completo de los teléfonos inteligentes. Ahora, la Unión Europea ha decidido que esa capacidad vuelva a manos de los consumidores, y lo ha hecho por ley.
El Reglamento (UE) 2023/1542 del Parlamento Europeo y del Consejo, aprobado el 12 de julio de 2023 y publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea el 28 de julio de ese mismo año, establece que las baterías portátiles incorporadas a dispositivos electrónicos deberán ser «fácilmente extraíbles y reemplazables por el usuario final» a partir del 18 de febrero de 2027.
Cabe recordar que, hasta bien entrado el primer decenio del siglo XXI, prácticamente la totalidad de los teléfonos móviles del mercado incorporaban baterías extraíbles. El punto de inflexión llegó con Apple. El iPhone original, presentado en 2007, introdujo el concepto de diseño “unibody” en los teléfonos inteligentes, sellando el acceso al interior del dispositivo. En los años siguientes, la industria Android fue adoptando progresivamente el mismo enfoque, que se convirtió en un estándar de facto. Los fabricantes argumentaron esta transición con razones de distinta naturaleza: terminales más delgados, compactos y con pantallas más grandes; mejor resistencia al agua y al polvo; autonomía muy superior a las antiguas baterías de níquel-cadmio o níquel-metal hidruro…
Sin embargo, a José Pérez, presidente de Ecopilas (la fundación perteneciente a la plataforma medioambiental Recyclia, que opera como Sistema Colectivo de Responsabilidad Ampliada del Productor para la gestión de residuos de pilas y baterías en España), todo eso siempre le pareció “una excusa». En su opinión, el argumento de la peligrosidad de los materiales tiene escaso recorrido, porque las primeras baterías de móviles eran de níquel-cadmio, una composición química que la propia Unión Europea ha prohibido prácticamente en su totalidad para usos convencionales, y aun así eran extraíbles sin problema. Tampoco le encaja lo de la duración de las baterías. “Estas razones de peligrosidad de los minerales y duración suficiente no eran más que unas excusas para garantizar y privar al usuario de su capacidad de cambio de batería, de uso de batería de marcas estándar o, incluso, de tener esa libertad de cambiar la batería cuando quisiera y reservar a los servicios técnicos el cambio de batería».
Qué dice exactamente la ley
El Reglamento (UE) 2023/1542 va mucho más allá de establecer que las baterías «se puedan sacar». Su artículo 11, junto con la Comunicación de la Comisión C/2025/214 que lo desarrolla e interpreta, establece un conjunto de obligaciones concretas para los fabricantes. La batería deberá ser extraíble utilizando herramientas comercialmente disponibles, sin recurrir a calor, disolventes ni útiles patentados que solo estén en manos de los servicios técnicos oficiales. Si el fabricante necesita incluir alguna herramienta específica para la extracción, está obligado a suministrarla gratuitamente junto con el dispositivo o con la batería de repuesto.
La norma también impone exigencias en materia de disponibilidad de repuestos: los fabricantes deberán vender baterías de recambio durante al menos cinco años desde que el modelo sea retirado del mercado. El precio de esos repuestos deberá ser, según el propio texto del reglamento, «razonable y no discriminatorio». Además, el software del dispositivo no podrá obstaculizar el proceso de sustitución ni bloquear funciones del teléfono cuando el cambio de batería no se haya realizado en un servicio técnico oficial. Por último, las instrucciones para la extracción y sustitución deberán figurar tanto en el embalaje como en un sitio web accesible permanentemente.
La letra pequeña y la posible vía de escape
Como toda norma de esta envergadura, el reglamento contempla excepciones. Y en este caso, esa excepción ha despertado tanto interés entre los grandes fabricantes como la propia norma. Los dispositivos podrán quedar exentos de la obligación de tener una batería extraíble si cumplen simultáneamente dos condiciones: que conserven al menos el 83% de su capacidad nominal tras 500 ciclos de carga (o el 80% tras 1.000 ciclos) y que cuenten con una certificación de impermeabilidad IP67 o superior.
Esta cláusula es relevante porque los teléfonos de gama alta ya cumplen o están en disposición de cumplir ambas condiciones, por lo que el impacto práctico de la norma sobre estos modelos sigue siendo incierto, mientras que los dispositivos de gama media y baja, que habitualmente no alcanzan certificaciones IP67 y cuyos fabricantes tienen menos capacidad para garantizar baterías de tan alta durabilidad, serán probablemente los más afectados por el cambio obligatorio de diseño.
El argumento comercial que convenció a Bruselas
Para José Pérez, la razón principal por la que la Comisión Europea establece este nuevo marco normativo es porque “intuye que existe una maniobra comercial de reservar algo tan sencillo como es cambiar una batería para obligar que ir a un servicio técnico de la marca para que te la cambiara».
La normativa sobre baterías forma parte de una agenda europea más amplia en favor del derecho a la reparación y de la lucha contra la obsolescencia programada. En esa misma línea se inscriben otras medidas como la obligatoriedad del cargador USB-C común o las exigencias de reparabilidad para una gama creciente de productos electrónicos. El objetivo declarado de la Unión Europea con el Reglamento 2023/1542 es crear una economía circular para las baterías, abordando todas las etapas del ciclo de vida de estos productos, desde el diseño hasta la gestión de sus residuos.
Para los usuarios, la norma tiene beneficios tangibles. El más inmediato es la posibilidad de sustituir una batería deteriorada sin necesidad de acudir a un servicio técnico oficial, con los costes que ello implica, y sin depender de que el fabricante siga ofreciendo ese servicio para un modelo concreto. La posibilidad de reemplazarla por una batería de repuesto disponible en el mercado prolongaría la vida útil del dispositivo y reduciría la frecuencia con la que los consumidores se ven «empujados» a adquirir uno nuevo.
Junto a esa ventaja directa, existe otra dimensión que Pérez destaca especialmente desde su posición en Ecopilas: «la posible recuperación o recogida de baterías a través del usuario que hasta ahora estaba limitado». “La medida favorece el reciclaje porque permite generar un flujo de recogida directo por parte del usuario».
Ecopilas, recordemos, gestiona la red de recogida de pilas y baterías portátiles más extensa de España, con más de 44.600 puntos de recogida, lo que la sitúa como la segunda red más amplia de Europa. La apertura de un canal directo de entrega de baterías usadas por parte de los propios consumidores tiene, por tanto, un impacto potencial considerable sobre los objetivos de reciclaje que la propia normativa establece.