MAYO JUNIO 2020

El sector del automóvil necesita la ‘grúa’ del Gobierno

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cadena de montaje

El Ejecutivo propone un plan de ayudas dentro de la  ley de cambio climático, pero en ellas se fija el final de los motores térmicos para 2040 y grandes limitaciones de movilidad hasta entonces para estos vehículos.

TEXTO: J. LUIS ALVAREZ

La pandemia del coronavirus ha dejado muy tocado al sector del automóvil, que representa el 10% del Producto Interior Bruto (PIB) y que supone nada menos que el 9% del empleo en España. Porque no solo son las factorías, también están los fabricantes de componentes y repuestos, los concesionarios y los talleres. Si en marzo la matriculación de vehículos bajó casi un 70 % y en abril un 96,5 %, en mayo las previsiones no son mucho mejores. Ante este panorama, la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), la Asociación Española de Proveedores de Automoción (Sernauto), Faconauto la patronal que engloba a los concesionarios de las marcas y Ganvam que representa a la asociación nacional de vendedores han solicitado al Gobierno un plan de choque para volver a poner en marcha el sector.

El sector del automóvil necesita la ‘grúa’ del Gobierno 1

La respuesta no se ha hecho esperar y la venido de la mano del Ministerio para la Transición Ecológica, dentro de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética que el Gobierno ha presentado a las Cortes. El sector de la automoción ha recibido la noticia de manera positiva en el marco del cumplimiento de los objetivos de descarbonización del parque en 2050, objetivos con los que el sector de la automoción está plenamente comprometido. En palabras de José López-Tafall, director general de Anfac, “la ley era muy necesaria pues configura un marco nacional a nivel normativo y fija los objetivos de largo plazo. A su vez, es el punto de partida para empezar a diseñar las herramientas necesarias para convertir esos objetivos en realidades”.

Y es que aunque el sector pedía un plan de incentivos para la compra de vehículos nuevos y seminuevos, independientemente del motor que montasen –incluidos los gasolina y los diésel-, algo similar al Moves que actualmente apoya la compra de eléctricos e híbridos, para ANFAC, la inexistencia de prohibiciones taxativas y la generación de un horizonte de trabajo progresivo y alineado con Europa es positivo porque contribuye a la innovación en las diferentes tecnologías y permite generar una hoja de ruta clara.

La asociación sí considera necesario comenzar a trabajar cuanto antes en diseñar y acordar las medidas activas de política económica y medioambiental que servirán para poner en marcha esta hoja de ruta, medidas que se tomarán, según este proyecto de Ley, “previa consulta con el sector”. Es imprescindible además que estas medidas estén coordinadas y promuevan ahora la recuperación del sector, en este entorno de crisis por el coronavirus, en línea con el plan de choque de medidas específicas y coyunturales que reclama la automoción.

En este sentido, desde la asociación nacional de fabricantes recordaron que el Plan Auto 2020-40 “ya plantea una hoja de ruta con medidas que afectan a todo el ecosistema de la nueva movilidad y que permitirán llegar a la descarbonización en 2050 de una manera efectiva y con una industria de la movilidad sostenible, eficiente, digitalizada, competitiva y más fuerte económicamente, capaz de seguir aportando empleo y valor añadido a la sociedad española, al medio ambiente y a la economía”, señala López-Tafall. “Se abre un nuevo camino y el sector de la automoción está plenamente comprometido con recorrerlo y definirlo de manera consensuada con el Gobierno y el resto de fuerzas políticas”, afirma el director general de Anfac.

A día de hoy, las previsiones son dramáticas. Desde Anfac estiman que a final de año se habrán fabricado en España unas 700.000 unidades menos de las previstas. Así saldrían de las cadenas de montaje poco más de dos millones de vehículos. Estas cifras devolverían al sector a niveles próximos a la última crisis económica, cuando en 2012 se fabricaron 1,9 millones de unidades.

Todas las iniciativas de apoyo al sector tendrán que estar también dirigidas a fomentar la demanda, tal como indica la  presidenta de Sernauto, María Helena Antolin, porque  si no hay ventas, las empresas no podrán incrementar las inversiones en innovación en sus productos y en sus  procesos. “Esta es una palanca vital para nuestra competitividad y que al mismo tiempo posibilitará avanzar con más rapidez en el proceso de transición tecnológica” para cumplir los objetivos fijados por la Unión Europea. “De esta manera se apuntala la ventaja competitiva que precisamos en España para seguir siendo elegidos por los fabricantes extranjeros como destinatarios de sus modelos de vehículos y fabricación de componentes”, añade Antolín.

El sector del automóvil necesita la ‘grúa’ del Gobierno 2

Fiscalidad y apoyo empresarial
El sector recordó en su reunión con el Gobierno que en la crisis de 2008, la automoción “fuimos protagonistas del impulso económico y social de nuestro país”, recuerda Gerardo Pérez, presidente de Faconauto. Aquí destaca que los esfuerzos tienen que dirigirse también a “recuperar la demanda lo antes posible, porque el sector empieza realmente cada vez que se vende un vehículo en un concesionario”. Estos establecimientos cuentan con 161.500 empleados que están en su mayoría bajo un ERTE, por lo que Gerardo Pérez pide  la recuperación de la demanda “a través de medidas para dar confianza a los clientes e impulsar el mercado”.

Hasta antes de la pandemia, el Gobierno pretendía la renovación del parque automovilístico español, para sustituir las unidades más contaminantes. Faconauto también considera positiva la propuesta del Gobierno. Ahora, según el presidente de la entidad,  un cambio en la fiscalidad “permitiría que el mercado del automóvil entrara en otra dinámica, propiciando la renovación del parque y una aceleración en la llegada de vehículos de energías alternativa”.

Pero el sector también tiene que hacer frente a la deuda acumulada. Raúl Palacios, presidente de Ganvam, subraya que “si no se garantiza de forma ágil la liquidez del sistema productivo en general y de nuestras empresas en particular la deuda pública puede subir hasta el 115% del PIB por el efecto de los impagos”. Por eso, los concesionarios han planteado medidas complementarias para garantizar el flujo de caja, como líneas de crédito blando específicas para la automoción al estilo de las que ya existen para el turismo; o el aplazamiento de la liquidación de impuestos, “ampliando el límite actual de facturación para que las pymes del sector podamos acogernos, ya que, aunque por el coste medio que tienen los vehículos, nuestra facturación parezca elevada en volumen, trabajamos con márgenes muy reducidos, de menos del 1%”, detalla Palacios.