Se trata de una decisión que va en beneficio de la modernización del parque automovilístico y de la libertad en la movilidad de los usuarios, según el Real Automóvil Club de España.
TEXTO: JAVIER VARELA
La Unión Europea ha levantado el veto al motor de explosión para 2035. Tal y como anunció el vicepresidente de la Comisión Europea para el Pacto Verde Europeo, Frans Timmermans, finalmente se someterá a votación no llevar a efecto el acuerdo de la UE de prohibir los automóviles con tecnología de combustión en 2035 (incluidos los híbridos). En caso de dejarse sin efecto la prohibición, la utilización de combustibles sintéticos daría una mayor libertad a fabricantes y usuarios, apostando por una mayor descarbonización del parque actual y confirmando que el vehículo eléctrico no es la única opción de futuro.
La nueva normativa reduciría un 55% la fabricación de coches de combustión de diésel, gasolina e híbridos para 2030 y un 50% la de furgonetas, antes de vetar completamente su venta cinco años después. Eso sí, esta medida abría la puerta al desarrollo de otros que funcionen con motores de combustión «alimentados exclusivamente con combustibles neutros en dióxido de carbono».
Tras esta decisión, el RACE señala que «la neutralidad tecnológica y la libre competencia entre las distintas opciones es fundamental para proporcionar la mejor solución al usuario». «La limitación tecnológica no solo atenta contra la libertad de movilidad de los usuarios, sino que ha contribuido a que el parque automovilístico siga aumentando su antigüedad en el seno de la Unión Europea», apunta el Real Automóvil Club de España.
Dudas sobre las alternativas.
La situación actual de incertidumbre respecto a la viabilidad de las tecnologías disponibles, de las capacidades reales del vehículo eléctrico como única alternativa y su idoneidad para múltiples casos de uso han traído consigo un progresivo envejecimiento del parque automovilístico, principalmente en España. Si a esto se suma sus elevados precios, y las dificultades y costes asociados al despliegue de una red de recarga suficiente, se encuentran los motivos por lo que los conductores siguen sin apostar por los modelos eléctricos
Por ello, desde el RACE se cree que «lo que deben hacer los gobiernos es incentivar la renovación del parque, facilitando el cambio a vehículos más eficientes a precios competitivos e impulsando el libre mercado, la innovación tecnológica y la competencia en el seno de la industria del automóvil, sin forzar arbitrariamente el vehículo eléctrico de batería como única alternativa de futuro».
Una de las incógnitas que se despejarían si se levantara la prohibición es la actualización de la normativa en relación con los combustibles sintéticos, climáticamente neutros porque solo emiten el CO2 previamente capturado, lo que permitiría seguir vendiendo coches con motor de combustión más allá de 2035.
La situación actual abre una nueva oportunidad para que el usuario salga ganando en el proceso de transición de la movilidad, en el que los objetivos finales son la descarbonización y renovación del parque automovilístico.
AOP valora positivamente la apertura de la UE
La Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP) valora de forma positiva la apertura hacia los combustibles líquidos neutros en carbono como forma complementaria a la electrificación, ya que todas las tecnologías son necesarias para cumplir los objetivos de descarbonización del transporte. No obstante, la asociación reclama una mayor certidumbre regulatoria para realizar las inversiones que requiere el desarrollo de estas nuevas tecnologías.
AOP insta a la Comisión a tener también en cuenta los biocombustibles sostenibles, que pueden producirse a partir de aceite de cocina usado o de residuos agrarios, forestales y urbanos, como otra solución para la descarbonización del transporte y a incorporarlos dentro de las propuestas normativas que la Comisión se ha comprometido a elaborar, ya que son la forma más inmediata de empezar a reducir emisiones.
Además, aclara que el precio de los combustibles sintéticos dependerá, fundamentalmente, de dos factores: la política fiscal y la normativa que permita su desarrollo, para que sea posible reducir los costes de producción y ofrecer precios más competitivos. Por este motivo, el sector sigue reclamando certidumbre regulatoria en el ámbito europeo y nacional.