NOVIEMBRE DICIEMBRE 2020

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En su proyecto de la Ley de Presupuestos para 2021 el Gobierno, tras amenazar con una subida al diésel, realiza una subida en el impuesto de la prima de seguros y finaliza la prórroga que, a efectos fiscales, minimizaba el impuesto de las nuevas matriculaciones. Estas trabas se unen a las muchas que ya tienen los conductores a la hora de ponerse al volante.

TEXTO: JAVIER VARELA

La pandemia de la covid-19 ha dejado secuelas muy importantes en nuestro país, no sólo sanitarias, sino también económicas. Todos los sectores se han visto perjudicados por la crisis, pero el sector de la automoción ha sido uno de los que más se ha visto afectado. Una noticia muy preocupante si no se toman las medidas correctas, ya que este sector representa el 10% del Producto Interior Bruto (PIB) y supone nada menos que el 9% del empleo en España.

Sin embargo, lejos de encontrar respaldo en las medidas gubernamentales, el sector del automóvil y los conductores parece estar en el punto de mira. En su proyecto de la Ley de Presupuestos para 2021, además de en el reciente borrador del nuevo Reglamento de Tráfico, sólo aparecen trabas y más trabas para los conductores, las marcas y, en definitiva, para que el sector retome su necesaria actividad. Entre las peores noticias, una subida en el impuesto de la prima de seguros, además de la finalización de la la prórroga que, a efectos fiscales, minimizaba el impuesto de las nuevas matriculaciones. Unas medidas que sorprenden “en una situación de crisis sanitaria como la actual, en la que el vehículo privado es la opción más segura para la movilidad personal”, señala el RACE.

Un estudio de la Federación Internacional del Automovilismo (FIA), en el que participó el RACE, asegura que los conductores europeos aportan al Estado, aproximadamente, el 70% de los ingresos generados por impuestos y tasas derivadas del transporte por carretera, mientras que los gobiernos reinvierten en beneficio de este colectivo poco más de la mitad de lo que recaudan. Por ello, desde el RACE se considera “injusto que el Ejecutivo cargue con cada vez más impuestos a los propietarios de un vehículo, ya sean particulares, trabajadores autónomos o empresas.

Los conductores, en el punto de mira 2

Amago de subida del impuesto al diésel

La medida aparecía en el borrador de los Presupuestos, y ha supuesto tal controversia que, a día de hoy, parece estar detenida: consistía en la reducción de la bonificación del diésel para su equiparación con el gravamen de la gasolina. Esto provocaría una subida del tipo estatal general del gasóleo, que pasaría de 30,7 céntimos por litro a 34,5 céntimos por litro, un incremento 0,038 €/litro y una media 2,5 euros más por depósito.

El RACE fue una de las primeras y más poderosas voces en contra, expresando que le parecía “injusta”, ya que para un vehículo con un depósito medio de 50 litros, y sobre los cálculos del Ministerio de Hacienda de 41,5 kilómetros diarios recorridos, los automovilistas con un coche diésel aportarán al Estado vía este gravamen casi 300 millones de euros al año.

Y es que el RACE siempre ha antepuesto la salud a la movilidad, pero matiza que el del automóvil “es un sector que ha mejorado radicalmente su apuesta por el medio ambiente, tanto por parte de los fabricantes como por la industria auxiliar”. Por ello, lleva años defendiendo que la modernización del parque es esencial para mejorar los niveles de seguridad y de contaminación. De hecho, desde el RACE se recuerda que “los coches bajo la normativa Euro 6 contaminan 30 veces menos que vehículos con una antigüedad de 20 años” y se exigen “medidas reales e inmediatas para que los usuarios tengan la posibilidad de cambiar su vehículo y así, contribuir a una movilidad más sostenible en las ciudades y carreteras de nuestro país”.

En este sentido, el Club de Automovilistas más importante de España también ha reaccionado de forma negativa a la reforma del Reglamento de Circulación aprobada en el Consejo de Ministros, ya que considera que se centra exclusivamente en elementos sancionadores, y deja de lado cuestiones tan importantes como la inversión en infraestructuras o la renovación del parque automovilístico. Otro punto polémico es la aplicación de medidas limitadoras de velocidad sin atender a criterios más elaborados, estableciendo “una tabla rasa en lugar de aplicarse en zonas de especial incidencia, como son hospitales, zonas escolares, zonas donde haya frecuencia de usuarios sénior, usuarios con movilidad reducida o con peligro de accidentes”.

Los conductores, en el punto de miraAumento del impuesto de las primas de seguros
Envolviendo al proyecto de los Presupuestos para 2021, el Gobierno propone un aumento en el impuesto de la prima de seguros del 6% al 8%, lo que supone un incremento de media anual de 8 euros. En este sentido, este aumento impositivo supondrá un ingreso para el Estado de, aproximadamente, 270 millones de euros al año (calculado sobre la base de 34 millones de vehículos en España). En definitiva, más cargas para millones de españoles que necesitan su vehículo privado en su día a día.

El Impuesto de Matriculación
Por si fuera poco, en enero finaliza la prórroga que, a efectos fiscales, minimizaba el impuesto de las nuevas matriculaciones. El Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte (IEDMT), conocido como Impuesto de Matriculación, se calcula por tramos en base a las emisiones de CO2: 0% para los vehículos que emiten menos de 120 gr/km de CO2, 4,75% entre 120 y 160; 9,75 de 160 a 200 y 14,75% de 200 en adelante. Industria aprobó en 2018 un factor de corrección para dar margen al sector mientras se abordaba la reforma fiscal del automóvil, pero las dificultades para formar Gobierno y la pandemia del coronavirus han impedido que se lleve a cabo.

Los conductores, en el punto de mira 1
Dicha prórroga minimizaba –a efectos fiscales- hasta final de año el impacto de las nuevas pruebas de emisiones, denominadas WLTP. La situación cambia a partir de 2021, ya que la nueva prueba es más exigente y un mismo vehículo arroja valores de contaminantes entre un 20 y un 30% superiores. Esta situación hará que un importante porcentaje de los coches que se vendan en España incrementen su precio, en torno al 5%, aunque en algunos casos, casi un 10%.

Hasta que no se lleve a cabo esa reforma, el 50% de los modelos van a tener pagar al menos un tramo del impuesto, cuando ahora no lo pagan ni el 20%. Una subida que superará los 800 euros por vehículo.

Estas medidas fiscales que repercuten en el conductor, forman parte de lo que venía reclamando el sector del automóvil para que se penalice el uso y no la adquisición de vehículos. Algo que, según se comprometió en junio el Gobierno en el plan para el automóvil, se abordará a partir de 2021.